En un contexto de lucha de clases, la burguesía dotó al Estado de un ordenamiento jurídico determinado que defendía sus intereses de clase dominante y que, necesariamente, iba en perjuicio de los intereses del proletariado y, por tanto, de la mayoría social.
Para la defensa del nuevo Sistema se crearon y reordenaron los cuerpos de defensa y seguridad del Estado. El Estado se dota así de los instrumentos institucionales necesarios para garantizar su estabilidad, funcionamiento y control de la población. En este contexto histórico se creó la Guardía civil.
Así aparece recogido en sus textos oficiales:
«La conservación del orden público, la protección de las personas y las propiedades… y el auxilio que reclame la ejecución de las leyes»
En esta frase están contenidas las funciones principales de la Guardia Civil.
Era una necesidad "extrema" la que que tenía el estado español de disponer de una fuerza de seguridad pública con competencias en todo el territorio nacional, para hacer frente a la ALARMANTE SITUACIÓN DE INSEGURIDAD QUE EXISTÍA EN LAS ZONAS RURALES DE ESPAÑA tras finalizar la Primera Guerra Carlista, fundamentalmente generada por el BANDOLERISMO que, desde la Guerra de la Independencia, azotaba los caminos y campos del país.
Conseguido el control de los poderes del Estado, la buguesía ha utilizado varios Sistemas Políticos para su desarrollo: Monarquía, República, Dictadura. En cada uno de ellos, dependiendo de las diversas coyunturas y con sus propias características, siempre se han utilizado los Cuerpos de Seguridad del Estado, la Guardia Civil de manera especial, para mantener el “orden establecido”. Ello ha supuesto, entre otros objetivos, luchar contra todo tipo de movimientos, organizaciones y personas que se propusieran cambiarlo. En este cometido la represión del Estado siempre ha jugado un papel importante a lo largo de la historia. Como instrumento de ello, la Guardia Civil, ha tenido un papel destacado desde 1844.
Veamos algunos ejemplos que lo ilustran y que lejos de ser esporádicos, han sido recurrentes a lo largo de su historia:
Durante la Monarquía de Isabel II, la lucha contra el bandolerismo y la continua persecución de los delitos contra la propiedad privada, ahora cada vez más extendida, centraron buena parte de su trabajo. Las Desamortizaciones aumentaron la gran propiedad agraria que detentó la oligarquía terrateniente. A la vez golpeó duramente al campesinado sin tierras. La población más pobre, sin los recursos comunales que había aprovechado hasta ahora, quedaba cada vez más dependiente del trabajo asalariado en los cortijos de los grandes propietarios. Con una población mayoritariamente jornalera, en la miseria, analfabeta y sin alternativas de mejora vital, la conflictividad social se acrecentó. Es el momento en el que aparece el bandolerismo y las revueltas sociales.
Durante la Restauración Borbónica, la represión del incipiente movimiento obrero cobró especial significación en los campos andaluces y las industrias del País Vasco y Cataluña, donde ya estaban los obreros de la industria textil agrupándose en las llamadas sociedades obreras de resistencia y de ayuda mutua. La aplicación sistemática de la llamada “Ley de fugas” por parte de la Guardia Civil causó innumerables muertes. A la hora de combatir al “enemigo”, las actuaciones de los cuerpos de seguridad no siempre se han ajustado a la ley. En 1920, Miguel Primo de Rivera justificaba así las actuaciones del instituto armado: «Comprendo que el instinto de defensa busque medios extralegales... Una redada, un traslado, un intento de fuga y unos tiros comenzarán a resolver el problema.»
En Palma del Río también se sufrieron acciones represivas de la Guardia Civil. El 12 de octubre de 1930, durante la celebración de un mitin en el que intervenían destacados representantes provinciales del partido socialista y del partido republicano, ocho guardias civiles irrumpieron a caballo, sable en mano, en el local donde se celebraba el acto. El tumulto producido fue grave. Hubo varios heridos y los oradores fueron detenidos.
En la noche del 12 de marzo de 1931 tuvo lugar un encuentro en la sede del Centro Obrero de Palma en el que participaron varios líderes locales de diversas formaciones políticas. José Sánchez Cano, destacado representante obrero, cercano a las ideas socialistas y Presidente del Centro Obrero. Rafael Calvo de León Torrado, de larga trayectoria política en las filas del partido liberal y en estos momentos, partidario de la República. Antonio España Ocaña, con una dilatada experiencia como masón y miembro de Acción Republicana. Por último asistieron también Antonio Castro de La Torre y Antonio Rueda. La reunión fue interrumpida por la guardia civil. José Sánchez y Antonio España fueron coaccionados por el teniente de la guardia civil.
Durante la República, los hechos ocurridos en Castilblanco, Arnedo, Casas Viejas, así como el papel jugado por la Guardia Civil en la represión de la denominada “Revolución de octubre” de 1934, son ejemplos destacables del papel de instrumento represor, utilizado por el Estado.
Durante la Dictadura Franquista el Estado le confirió a la Guardia Civil una especial relevancia en la lucha contra la guerrilla antifranquista y su base social, así como la represión de todo cuanto significase ir contra el régimen dictatorial establecido. Los métodos utilizados en esta represión adquirieron una elevada virulencia, provocando numerosos asesinatos, torturas y encarcelamiento de personas contrarias al Régimen. Buena muestra de todo ello la podemos encontrar en la memoria colectiva y testimonios de numerosas personas de Palma del Río y del resto del Estado.
Con la Democracia Parlamentaria, regida por una Monarquía heredera de la Dictadura, la Guardia civil comenzó a tener otras funciones, siempre, como no podía ser de otra manera, bajo el principio fundamental de garantizar “el Orden establecido”. Así se ve reflejado en su web:
“La misión principal de la Guardia Civil será garantizar la protección de los ciudadanos frente a los actos delictivos que puedan amenazarlos, asegurar el cumplimiento de las leyes llevando ante la justicia a todo el que las incumpla, defender el libre ejercicio de los derechos y las libertades y preservar la seguridad ciudadana.
Asimismo, es misión de la Benemérita la atención y auxilio a los ciudadanos mediante la colaboración con los servicios de Protección Civil, la vigilancia del tráfico, protección de la naturaleza, rescate y ayuda en montaña y mar territorial y, en resumen, cualquier actuación que lleve al socorro, ayuda y protección del ciudadano”.
https://www.guardiacivil.es/es/institucional/Conocenos/index.html
En el ejercicio de sus funciones, y para garantizar ese “orden establecido”, no podemos olvidar el papel represor que el “Estado democrático” le ha encomendado, entre otros, en su lucha contra organizaciones y personas que han defendido y defienden la soberanía de los distintos pueblos que componen la península Ibérica.
Especial significación represiva ha tenido la Guardia Civil en el País Vasco. Sirva como ejemplo el cuartel de Intxaurrondo donde se torturaba a las personas detenidas. Un informe impulsado por el gobierno vasco y elaborado por el equipo Francisco Etxeberria contabiliza un total de 4.113 casos de tortura en todo el País Vasco, entre 1960 y 2014. La Guardia Civil está implicada en 1.792 casos de tortura; la Policía Nacional es responsable de 1.785 casos y la Ertzaintza de 336. El informe habla de que son muchos más los casos que se produjeron y no han podido documentarse.
Cabe destacar también el papel asignado por el Estado a la guardia civil en la represión del Procés en Cataluña (2017).
En su función de vigilancia de fronteras, la Guardia Civil ha tenido episodios de represión tan significados como el ocurrido en la playa del Tarajal (2014), con 14 muertes de inmigrantes, o su intervención en la valla de Melilla (2022), con un número todavía sin determinar de personas muertas.