Los desplazamientos de grupos de personas que buscan lugares en los que creen que pueden encontrar mejores condiciones de vida o que huyen de lugares en donde sus vidas corren peligro, es un hecho que se ha repetido a lo largo de la historia de la Humanidad. Y que seguirá ocurriendo mientras las condiciones y contextos que los provocan perduren.
Europa hoy vuelve a imaginarse a sí misma como una civilización sitiada, una “fortaleza amenazada” por "los barbaros" que supuestamente vienen a conquistarla. Convierte “a quienes migran en una amenaza colectiva, borra sus historias, sus causas y sus derechos y permite presentar como defensa lo que en realidad son políticas de exclusión, violencia y muerte” (Miguel Urbán). Política que se aplica según unos interese muy concretos. En este sentido debemos recordar que en el Estado español viven 350.000 ucranian@s que fueron acogidos sin ningún tipo de problemas. Lo mismo ocurrió en el resto de estados miembros de la Unión Europea.
Lejos de cuestionarse el vigente modelo de la política migratoria, la reunión del Consejo de Ministros de Interior de la Unión Europea del 4 de agosto, se reafirmó en la necesidad de “fortalecer las fronteras de la UE” y “establecer asociaciones estrechas con terceros países”. Nadie parece cuestionar la política hipócrita de externalización de fronteras, que no solo reprime a las personas que deciden migrar, sino que nos hace cómplices de las políticas criminales que los Estados de nuestra periferia utilizan para detenerlos.
Los estados que componen la Unión Europea quieren que los estados periféricos actúen como un grifo que regule la entrada de migrantes. Un complicado equilibrio que debe conseguir llegar a la cantidad necesaria para cubrir puestos de trabajo poco cualificados y de difícil cobertura por la población europea actual, a la vez que no sean tantos como para que su control no suponga un problema político.
Una vez en territorio europeo, es fundamental disciplinar y mantener subordinadas a las personas migrantes, y es eso justamente lo que se consigue con una Ley de extranjería dura y humillante que los aboca a la vulnerabilidad y la explotación. La clase obrera siempre ha sufrido este rigor disciplinario, pero es evidente que, para quienes migran, lejos de sus hogares y alejados de sus redes de apoyo, su represión y control es más fácil.
Las personas migrantes no son nuestras enemigas. Con su trabajo colaboran en el sostenimiento de nuestro exiguo Estado de bienestar. Su explotación responde a la misma lógica que sufrimos en el Estado español. La competencia entre los miembros de la clase obrera no surge de la migración, sino de un sistema de producción que necesita mano de obra indefensa, con pocos derechos y fácilmente explotable. Así se debilitan y empobrecen las condiciones laborales del conjunto de la clase asalariada.
Lo ocurrido en Ceuta es el resultado de una grave crisis social, ecológica y económica existente en muchos estados africanos herederos de la política colonial europea que todavía perdura en muchos de ellos. Es el resultado de la crisis de todo un modelo de gestión migratoria urdido por la Unión Europea. Es, en fin, el miedo recurrente que la derecha y el neofascismo alimentan desde sus discursos y medios…
Por todo ello, frente a la estrategia del capitalismo, de separarnos y, hasta odiarnos, según nuestra nacionalidad, nuestro origen, color de piel, género o situación administrativa, el objetivo como miembros de una misma clase obrera es organizarnos en los lugares de trabajo y en todos los espacios donde convivimos para ir buscando alternativas comunitarias más humanas, igualitarias y dignas para tod@s.
