Han pasado más de tres semanas desde que acabó el plazo de presentación de solicitudes para acceder al “proceso de regularización extraordinaria de personas inmigrantes”, pero el proceso sigue, solo ha terminado su primera fase. Como siguen las muertes en el mar y la llegada de nuevas personas. Como siguen los problemas burocráticos. Como siguen los problemas de vivienda. Como sigue la explotación laboral de gran parte de ellos y ellas.
AYER
La presentación de solicitudes, que el Gobierno cifra en 1.200.000 las personas que han presentado su expediente, ha supuesto numerosos problemas y trabas burocráticas, obstáculos e impedimentos políticos y jurídicos. Todo ello ha supuesto un añadido a las incertidumbres de esta primera fase del proceso. Pero no han sido las únicas: una de las más visibles ha sido la falta de planificación y coordinación de la Administración Central con la Administración Local. La falta de recursos y de personal previstos por el Gobierno, la escasa transparencia y falta de la necesaria sencillez en la información y comunicación que ha supuesto la ley y su puesta en marcha.
Los requisitos establecidos por la Ley para poder acogerse a la regularización son restrictivos y arbitrarios por definición y dejan fuera a muchas personas que sufren los efectos de una Ley de Extranjería que los deja en una situación vulnerable. Otras han quedado fuera por la soledad y exclusión a las que están sometidas, el desconocimiento del idioma, de los trámites administrativos y la pobreza en que malviven.
La ofensiva política y judicial de nuestra ultraconservadora derecha extrema de PP, Vox y asociaciones colaboradoras, hasta la decisión del Tribunal Supremo de elevar al TJUE la consulta sobre la compatibilidad de la “regularización” con la política migratoria europea.
Como ya ha ocurrido en otras ocasiones, el negocio montado por algunos para resolver el “papeleo” (gestorías, abogad@s, etc), la venta de turnos y citas con las administraciones, etc, ha sido otro de los abusos que han tenido que sufrir los inmigrantes.
Con esta misma situación de carácter general, en Palma del Río, el equipo de Gobierno del Partido Popular, presionado por las asociaciones que trabajan directamente con el colectivo de inmigrantes, ha actuado eficazmente en esta primera fase del proceso, aunque con un poco de retraso en los primeros momentos, dada la falta de coordinación con la Administración Central. Ello ha permitido que desde lo PÚBLICO y LOCAL se haya ofrecido una respuesta adecuada a las necesidades de las personas que lo han demandado. El convenio establecido con la asociación “Lucena Acoge” ha permitido la tramitación de los expedientes y el asesoramiento legal a las personas que lo han requerido. El trabajo coordinado entre Los Servicios Sociales Comunitarios y las asociaciones Cáritas, Cruz Roja, Guadalquivir y La Otra orilla, han permitido presentar un gran número de solicitudes de regularización.
AHORA Y MAÑANA
Pero el proceso de regularización no ha terminado. Queda por delante un largo y desesperante camino de incertidumbre, preocupación y desasosiego para aquellos y aquellas que esperan una “resolución”. En verano, y más este, con estas calores e incendios, con este discurrir político incendiario, el ritmo de la administración sestea y lentifica sus quehaceres. Los plazos apremian.
Mientras tanto, las personas inmigrantes que han quedado fuera del proceso de regularización están aquí, entre nosotr@s: l@s que no han podido demostrar su estancia en España antes del 31 de diciembre de 2025, l@s que no han podido cumplir con alguno de los restantes requisitos.
Mientras tanto, cada día numerosas personas siguen llegando a España. Se encuentran con una Ley de Extranjería que, en el mejor de los casos, les obliga a estar un mínimo de dos años y medio en una situación administrativa irregular que las sitúa en la vulnerabilidad, el dolor y la explotación. Se encuentran con un Reglamento europeo que permite deportarlas del “paraíso” europeo. Todas ellas vivirán esperanzadas en un futuro proceso de regularización que no saben si llegará. Periódicamente los Estados que ejercen de polos de atracción para las personas migrantes se ven obligados a crear procesos de regularización extraordinarios que no hacen más que evidenciar sus propios fracasos en la gestión de SUS POLÍTICAS para abordar los movimientos migratorios.
Mientras tanto, l@s que esperan una resolución a su solicitud de regularización, l@s que ya la tienen y es favorable, l@s que se han quedado fuera del proceso, l@s que acaban de llegar, las que diariamente seguirán llegando... tienen que vivir cada día y tienen que hacer frente a problemas de vivienda y problemas laborales, que si bien son comunes al resto de nuestros conciudadanos, son especialmente agudos, en su caso, por su condición de inmigrantes. Deben hacer frente además a situaciones de xenofobia y racismo que poco a poco van calando en las sociedades occidentales.
Palma del Río no es ajena a todos estos problemas.
En primer lugar, sabemos que el convenio firmado entre la asociación “Lucena Acoge” y el Ayuntamiento, para la gestión de las solicitudes de regularización, ha terminado. Se nos plantea las siguientes dudas: ¿Tiene previsto el Gobierno del Partido Popular quién se encargará de la gestión de los expedientes en las siguientes fases del proceso?, ¿quién informará sobre las posibles dudas que le surjan a l@s solicitantes?, ¿quién atenderá las posibles reclamaciones? Entendemos que debe ser desde lo PÚBLICO desde donde se proporcione una respuesta a todas estas cuestiones, con la certeza de que las ONGs que trabajan en la localidad con este colectivo prestarán su colaboración.
La vivienda es otro de los grandes problemas que tiene planteado Palma del Río, al igual que en el resto del territorio del Estado, pero aquí con características y matices propios. Un gran número de personas no encuentra una vivienda en la que vivir. Problema irresoluble cuando desde el poder público se apuesta por dejar en manos de la iniciativa privada y el Mercado su posible solución. No existe una política municipal de promoción pública de viviendas asequibles para la población. El número de viviendas vacías es altísimo y el gobierno municipal no utiliza siquiera las escasas medidas que la Ley pone en sus manos para intentar paliarlo. Existe un problema crónico de falta de viviendas en alquiler para colectivos vulnerables, y el Equipo de Gobierno del Partido Popular no toma ninguna medida para intentar resolverlo. Existe un gran número de personas inmigrantes que viven, desde hace demasiados años, en condiciones de hacinamiento, sin acceso, en muchos casos, a los suministros básicos de agua y electricidad. En estas condiciones la salud y la convivencia se convierten diariamente en un difícil reto que el gobierno local no puede permitirse mirar hacia otro lado.
Todos estos problemas ya existían en Palma del Río durante los gobiernos del PSOE en las anteriores legislaturas y no se abordaron posibles soluciones. Van ya para cuatro años del gobierno del Partido Popular y siguen sin intentarlo siquiera.
Trabajar “sin papeles” es tener que trabajar diariamente sin derechos. Palma del Río tampoco es distinta en esto al resto del territorio del Estado. La persona inmigrante tiene que someterse a las condiciones que le pone el empresario, en función de la necesidad que tenga de conseguir un poco de dinero para vivir y mandar algo a la familia: salarios de miseria, jornadas muy largas, trabajo en condiciones duras, sin cotización a la Seguridad Social, sin seguro de accidentes o enfermedad laboral, sometido a las “mordidas” del manijer@, pendiente por si le avisan de una inspección de la guardia civil, “invisible” para los sindicatos mayoritarios, etc, etc.
Y así un día tras otro durante, al menos, dos años y medio. Obligad@ a permanecer en esa situación por una Ley de Extranjería que se encarga de hacerle sentir a diario que es extranjer@ y si quiere vivir aquí tendrá que aguantar toda esa explotación.
Trabajar con “papeles” les posibilita tener acceso a unos derechos que van consiguiendo poco a poco. Al principio tienen permiso para residencia y trabajo por un período de un año, luego por cuatro años más. La “espada” de la no renovación está siempre sobre la cabeza.
Con todo, estar en posesión de unos derechos teóricos no les garantiza estar a salvo de situaciones de explotación. Un ejemplo claro lo tenemos en el caso de los trabajadores inmigrantes que fueron contratados para la recogida de la naranja en las calles del núcleo urbano. Después de más de cuatro meses de haber realizado el trabajo todavía no se les ha pagado su sueldo.
La voluntad política de los sucesivos gobiernos locales y en concreto del actual del Partido Popular, es la de poner en manos de empresas privadas la gestión y ejecución de numerosos servicios públicos, anteponiendo los intereses privados a los intereses colectivos. La codicia y los intereses de empresas sin escrúpulos y una legislación farragosa, lenta y al servicio de los intereses empresariales, han hecho posible que se llegue a esta situación. ¿Si estas personas solo tienen la remuneración de su trabajo para vivir ellos y sus familias, qué deben hacer ahora? Como cualquier colectivo tendrán que aprender a manejarse y defender sus derechos en todos los ámbitos de sus vidas. Deberán hacerlo por ellos mismos “codo con codo” con los trabajadores y trabajadoras de aquí, aportando sus puntos de vista y escuchando los de los demás. En esta tarea creemos que tienen un papel muy relevante los sindicatos de clase, así como las demás organizaciones y colectivos de la localidad.
La integración comienza por hacer una ley de extranjería más acorde con los derechos humanos, por no matar o herir a personas que tratan de pasar por las fronteras, por hacer políticas sociales y laborales donde se garantice un contrato de trabajo y una vivienda respetables para l@s “nacionales” y l@s inmigrantes.
En definitiva, de que los poderes y administraciones públicas, entre ellas, los ayuntamientos, pongan los medios para conseguir las condiciones adecuadas para una vida digna.